Turquía ha dado un paso significativo en la regulación del mercado de criptomonedas con la introducción de nuevas medidas contra el lavado de dinero (AML). Estas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial de la República de Turquía el 25 de diciembre de 2024, buscan reforzar la seguridad y prevenir el uso indebido de activos digitales para actividades ilícitas.
Según el nuevo marco, las transacciones que superen las 15,000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares) estarán sujetas a requisitos estrictos de identificación. Los proveedores de servicios de criptomonedas deberán recopilar información detallada de los usuarios. Las transacciones con carteras no registradas serán clasificadas como «riesgosas» si no cumplen con los estándares establecidos.
Impacto en el mercado local y global
Las normativas, que entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025, llegan en un momento clave para Turquía, un mercado que en septiembre de 2023 fue clasificado como el cuarto más grande del mundo en volumen de operaciones de criptomonedas, según Chainalysis. Estas medidas coinciden con un creciente enfoque global en la regulación de los criptoactivos, especialmente tras la aprobación de la Ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en Europa.
Además de fortalecer la supervisión, las nuevas reglas permitirán a los proveedores de servicios de criptomonedas detener transacciones consideradas sospechosas. Según el texto oficial:
«Si no se obtiene información suficiente, se podrán limitar o bloquear las transacciones con la institución financiera correspondiente, o incluso finalizar la relación comercial.»
Una regulación más amplia en camino
El endurecimiento de las normativas en Turquía también se alinea con otras iniciativas locales. Desde la implementación de la “Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales” en julio de 2024, el regulador financiero del país ha recibido 47 solicitudes de licencias de empresas cripto, mostrando un creciente interés en la formalización del sector.
A pesar de la prohibición del uso de criptomonedas como medio de pago desde 2021, el país se mantiene como un actor relevante en el comercio de activos digitales. El gobierno incluso evalúa la introducción de un impuesto del 0.03% sobre transacciones cripto, como parte de sus esfuerzos por fortalecer las finanzas públicas.
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