El Gobierno español ha puesto en marcha un anteproyecto de ley que busca ampliar las facultades de Hacienda para confiscar criptomonedas de deudores fiscales. Esta medida, en línea con las nuevas directrices de la Unión Europea (UE), responde a la creciente adopción de criptoactivos y busca cerrar las brechas legales en la regulación de estos activos digitales.
El anteproyecto incluye modificaciones a la Ley General Tributaria, incorporando por primera vez a las criptomonedas entre los bienes embargables. Esto significa que los exchanges y proveedores de wallets estarán obligados a suministrar información sobre las cuentas y movimientos de sus usuarios, facilitando así las acciones de embargo por parte de las autoridades fiscales.
¿Qué cambios trae la nueva ley?
El corazón de la normativa radica en la transposición de la Directiva DAC8 de la UE, aprobada en 2023, que exige mayor transparencia en las operaciones con criptomonedas. Esta directiva impone nuevas obligaciones informativas para empresas del sector cripto, como la identificación de la residencia fiscal de sus usuarios y la declaración de sus transacciones a las autoridades.
Además, la ley permite que los fondos en criptomonedas, depositados en servicios centralizados como exchanges, puedan ser embargados con mayor facilidad. Según expertos en fiscalidad, como José Antonio Bravo, esta es una medida clave para modernizar las herramientas de recaudación fiscal. “Hasta ahora, era posible embargar criptomonedas en algunos casos, pero esta nueva ley deja claro que Hacienda tendrá pleno control sobre estas acciones”, explicó Bravo.
El Ministerio de Hacienda subrayó que la normativa responde a la evolución de los medios de pago, como las criptomonedas, y a la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías financieras.
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¿Qué ocurre con las criptomonedas en autocustodia?
Sin embargo, no todas las criptomonedas estarán al alcance de Hacienda. Los criptoactivos en autocustodia, aquellos almacenados en wallets personales sin la intervención de terceros, seguirán siendo inembargables. Esto se debe a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, que imposibilita a las autoridades incautar activos a los que no tienen acceso directo.
Cristina Carrascosa, abogada especializada en blockchain, destacó que “la autocustodia sigue siendo una barrera para los embargos, ya que no existe una entidad central que pueda entregar esos fondos”. No obstante, las criptomonedas almacenadas en plataformas centralizadas estarán expuestas a confiscaciones, siempre que se cumplan con los procedimientos legales.
Plazos para la implementación
El anteproyecto de ley forma parte de un proceso más amplio de adaptación de la normativa española a las exigencias de la UE, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal en el ámbito de los criptoactivos. La Directiva DAC8 entrará en vigor en enero de 2026, y los países miembros tienen hasta finales de 2025 para ajustar sus leyes nacionales.
Además, estas reformas complementan el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que será implementado en toda la UE a partir de finales de 2024. MiCA busca establecer un marco regulatorio integral para el uso, emisión y comercio de criptomonedas, garantizando la protección de los inversores y la estabilidad del mercado.
Con estos cambios, España se posiciona como uno de los países que lidera la adopción de regulaciones estrictas sobre las criptomonedas en Europa, con el objetivo de frenar la evasión fiscal y regular un mercado que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
¿Qué significa esto para los usuarios de criptomonedas?
Para los usuarios de criptomonedas en España, la nueva ley implicará mayor control sobre sus activos si estos se encuentran en exchanges o proveedores de wallets. Aunque aquellos que gestionan sus fondos a través de soluciones de autocustodia seguirán protegidos, el resto de los usuarios deberá adaptarse a las nuevas exigencias fiscales.
En resumen, con estas nuevas normativas, España da un paso adelante en la regulación del ecosistema cripto, lo que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre los criptoactivos y las autoridades fiscales del país.
