El Consejo de Ministros de España aprobó este martes 3, en segunda revisión, el proyecto de ley que adaptará al ordenamiento español la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC8) de la Unión Europea. Se trata de un paso clave para que la Agencia Tributaria refuerce el control fiscal sobre Bitcoin (BTC) y otros criptoactivos, incluyendo aquellos que los ciudadanos españoles mantengan en el extranjero.
Si el Congreso aprueba la norma, los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos estarán obligados a informar sobre operaciones, saldos y usuarios, sin importar si estas actividades se realizan dentro o fuera del país. La medida abarca tanto criptomonedas como tokens y dinero electrónico, lo que supone una ampliación significativa del alcance de la fiscalidad digital.
Con la entrada en vigor de la DAC8, España podrá intercambiar de forma automática información fiscal con otros países de la Unión Europea y con terceros que tengan acuerdos similares. Esto permitirá al fisco español conocer los activos digitales de sus residentes aunque estén registrados en plataformas fuera del país.
Según la Comisión Europea, la implementación de la DAC8 podría aumentar la recaudación tributaria en la región hasta en 2.400 millones de euros. En este contexto, el Ministerio de Hacienda español afirma que el proyecto permitirá “cerrar vacíos legales” y mejorar el seguimiento de los activos digitales, particularmente aquellos situados en jurisdicciones extranjeras.
Además de la obligación de reportar información, los proveedores de servicios de pago y de dinero electrónico también deberán compartir detalles sobre las cuentas y saldos de sus clientes. En la práctica, esto alinea sus responsabilidades con las que ya cumplen las entidades bancarias.
Embargos y sanciones usando Bitcoin
Una de las disposiciones más relevantes del proyecto es que la Agencia Tributaria podrá embargar criptomonedas para saldar deudas fiscales, algo que hasta ahora solo se aplicaba a cuentas bancarias tradicionales. Con esta posibilidad, el Estado amplía su capacidad de ejecución forzosa sobre activos digitales.
La normativa también contempla un régimen sancionador para quienes incumplan las obligaciones establecidas. Aunque los detalles todavía no han sido definidos, se prevé que las multas puedan oscilar entre 20.000 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y del volumen económico involucrado.
Cristina Carrascosa, abogada especializada en derecho digital y participante del proceso de consulta pública de la norma, subrayó la importancia de mantener el diálogo entre el sector privado y las autoridades:
“Confío en que trabajar juntos en normas técnicas y cambiantes, como las que afectan a la innovación, es la única manera de aprobar leyes justas, sensatas y eficaces”, expresó.
La legislación debe ser aprobada antes del 31 de diciembre de 2025, en línea con el calendario establecido por Bruselas. De entrar en vigor, como está previsto, a partir del 1 de enero de 2026 comenzarán a regir las nuevas obligaciones. Los primeros informes internacionales sobre criptoactivos de ciudadanos españoles se recibirían en 2027, correspondientes al ejercicio fiscal del año anterior.
El proyecto se suma a otros esfuerzos europeos por regular el ecosistema cripto, como el reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que establece un marco legal común para estos activos en toda la UE.
De este modo, España se posiciona para adaptar su marco fiscal a una economía digital en transformación, reforzando el control sobre los criptoactivos tanto dentro como fuera de sus fronteras. Aunque aún debe superar el trámite parlamentario, la iniciativa representa un giro importante en la supervisión fiscal del sector.
