La reciente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión para el Bitcoin, que alcanzó un valor histórico de más de 90.000 euros, según CoinGecko. Esta escalada ha reavivado el debate sobre el potencial de la criptomoneda como método de pago, especialmente en economías como la española, donde su adopción aún es limitada.
Crecimiento exponencial y su impacto en España
El valor del bitcoin experimentó un salto significativo tras el anuncio de políticas económicas menos restrictivas en Estados Unidos, que favorecen la desregulación del mercado financiero. Este cambio ha despertado el interés de grandes inversores como BlackRock, el mayor fondo de inversión global, que estudia lanzar un fondo cotizado basado en bitcoin en España.
A pesar de estas señales de crecimiento, el uso de Bitcoin como método de pago en España sigue siendo residual. Madrid, por ejemplo, cuenta con más de 100 establecimientos que aceptan la criptomoneda, pero la mayoría de los usuarios la consideran principalmente una herramienta de inversión.
«Es como pagar con oro; la gente prefiere mantenerlo si cree que su valor aumentará a futuro», señaló Juan Enrique Cadiñanos, analista especializado en criptomonedas.
Obstáculos normativos y perspectivas futuras
El panorama regulatorio en España contrasta marcadamente con el de Estados Unidos. Las criptomonedas están sujetas a estrictos controles que incluyen la autorización para su custodia y administración, lo que ralentiza su adopción generalizada. Sin embargo, expertos del sector creen que la creciente valoración del bitcoin podría forzar un cambio en la percepción pública y en las normativas locales.
«Si las proyecciones se cumplen, podríamos ver valores entre 120.000 y 250.000 dólares para 2025. Esto no solo impulsará su uso como inversión, sino que también podría allanar el camino para una adopción más amplia como medio de pago», agregó Cadiñanos.
Aunque el contexto español todavía presenta barreras significativas, el auge del Bitcoin tras la victoria de Trump pone de relieve la necesidad de reevaluar su papel en economías altamente reguladas como la de España. ¿Será este el punto de partida para un cambio más profundo en su uso cotidiano? El tiempo y las políticas locales tendrán la última palabra.
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