Desde su aparición, las criptomonedas se han destacado por ofrecer una libertad sin precedentes: la posibilidad de transferir valor directamente entre personas, sin necesidad de intermediarios como bancos o instituciones financieras.
Esa característica fundamental —conocida como transacción peer-to-peer (P2P)— fue el motor que impulsó todo el ecosistema cripto hasta convertirse en un mercado global que hoy mueve más de USD 4 billones, con Brasil ocupando una posición de relevancia en este escenario.
Sin embargo, esa libertad que dio forma al sector podría tener los días contados en el país. El senador Jorge Kajuru (PSB-GO) propone, a través del Proyecto de Ley 5.256/2025, que actualmente se tramita en el Senado Federal, convertir la venta directa de Bitcoin y otras criptomonedas entre personas en una actividad potencialmente delictiva. El Banco Central sería el encargado de establecer los límites que definirán qué transacciones se incluirán en esta nueva categoría de delito.
¿El fin de la libertad P2P?
El proyecto de ley exige que tanto personas físicas como jurídicas realicen todas las operaciones de compra y venta de criptoactivos en Brasil exclusivamente por medio de prestadores de servicios autorizados por el Banco Central. La propuesta establece que dicha entidad definirá “límites globales de valor de compras y ventas, por persona y por período”, restringiendo así las transacciones directas entre particulares únicamente a montos inferiores a esos límites, aún no especificados.
El problema principal, según lo establece el propio proyecto, radica en lo que sucederá con quienes superen esos límites. El artículo 5º del texto modifica la Ley de Lavado de Dinero (9.613/1998) para incluir como delito “comprar y vender activos virtuales en desobediencia a las determinaciones y límites legales y reglamentarios”. Las penas para este tipo de infracción podrían variar entre 3 y 10 años de prisión, además de multas.
La propuesta afectaría directamente a las exchanges descentralizadas (DEX), plataformas que permiten el comercio directo entre usuarios sin intermediarios. Dado que estas plataformas no pueden ser “autorizadas por el Banco Central” debido a su naturaleza descentralizada, todas las operaciones realizadas a través de ellas serían potencialmente ilegales.
En consecuencia, transacciones dentro de plataformas como Uniswap, PancakeSwap y otras similares estarían técnicamente fuera de la ley si los valores superan los límites que se establezcan.
- Lee también: Bitcoin Hoy 29/10/2025: BTC vuelve a tener un “Uptober” negativo en día de decisión de la Fed
¿Vender Bitcoin será un delito?
El senador Kajuru argumenta que la conversión entre criptomonedas y moneda tradicional es el “punto más vulnerable” para el lavado de dinero.
Para combatir esa vulnerabilidad, el proyecto propone cuatro mecanismos de control. Primero, la comprobación del origen de los fondos mediante la presentación de recibos de salario, declaraciones de impuestos o contratos. Segundo, la obligación de reportar operaciones sospechosas al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), siguiendo los mismos lineamientos que aplican a los bancos.
Además, el texto exige la verificación rigurosa de identidad de los clientes (KYC), práctica ya adoptada por muchas plataformas. Finalmente, pide el monitoreo especial de Personas Políticamente Expuestas (PEP), un tema que ha cobrado relevancia internacional tras la participación de figuras como Donald Trump en negocios relacionados con criptomonedas.
Esta es la segunda iniciativa del senador en materia de regulación del sector. En mayo de este mismo año, Kajuru ya había presentado otro proyecto (PL 2.528/2025) que creaba tipos penales específicos para delitos financieros vinculados a criptomonedas, incluyendo uso de información privilegiada (insider trading) y manipulación de mercado, con penas de hasta 8 años de prisión.