El presidente de Argentina, Javier Milei, remitió al Congreso un proyecto de ley diseñado para impedir la emisión de dinero para financiar el Tesoro y el gasto público. La propuesta fija como norma que los presupuestos nacionales deben aprobarse en equilibrio o con superávit. También incorpora sanciones penales para funcionarios y legisladores que violen la regla fiscal.
Según el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, la intención es transformar la gestión macroeconómica del país. La medida pretende reducir las decisiones arbitrarias en as finanzas públicas. Sin embargo, el plan también plantea un cambio institucional importante que convierten la ley en una de las más ambiciosas de los últimos 30 años.
Si, por un lado, sectores conectados a as criptomonedas y grupos que promueven alternativas al peso argentino celebraron el envío del texto, por otra parte, analistas advierten que la norma podría requerir ajustes.
El argumento central es de que una restricción legal a la emisión aumentaría la previsibilidad macroeconómica y, por ende, la confianza de los inversores. Sin embargo, para que funcione, el gobierno argentino tendría que implementar una coordinación entre el Tesoro y el Banco Central y poner al sistema político frente a dilemas sobre la continuidad de servicios públicos y la flexibilidad presupuestaria.
Medida riesgosa e incertidumbre en la aplicación
Si bien la propuesta es clara en su objetivo general, su eficacia dependerá de detalles operativos. En primer lugar, críticos advierten que la introducción de castigos penales y la rigidez presupuestaria pueden reducir la capacidad de respuesta del Estado ante crisis imprevistas.
Entre los grupos que celebraron el proyecto, interpretan la iniciativa como un signo de compromiso con la disciplina monetaria y la previsibilidad. Líderes de comunidades cripto argentinas señalaron que limitar la emisión enviaría una señal positiva a inversores y ahorristas locales e internacionales, aunque, al mismo tiempo, manifestaron reservas sobre el componente penal del texto.
En paralelo, los datos de inflación más recientes muestran una desaceleración que el Gobierno toma como indicio positivo; sin embargo, también reflejan fragilidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses. Esas cifras ilustran que la estabilidad de precios sigue siendo un objetivo en construcción, pero la ley llega a un escenario en el que la tranquilidad macroeconómica no está garantizada.
Economistas todavía alertan que la política fiscal extrema puede generar efectos secundarios sobre la inversión pública y los programas sociales si se aplica sin flexibilidad.
Por otro lado, la oposición ya anunció rechazo a varios puntos del proyecto. Llamada de “muralla fiscal”, la ley puede condicionar el debate presupuestario y limitar la autonomía del Congreso para legislar en situaciones excepcionales. De hecho, algunos comunicados parlamentarios describen la iniciativa como una norma que trasladaría responsabilidades políticas a los tribunales.
Peso inestable, acciones en descenso y gestión Milei en crisis
Los mercados financieros locales mostraron reacciones mixtas al anuncio. En la plaza financiera, el índice líder S&P Merval cayó un 6,5% y la cotización del peso registraron oscilaciones. La inestabilidad está atribuida tanto a la expectativa sobre la norma como a un clima político más tenso por denuncias públicas de corrupción, relacionadas con la gestión reciente. No obstante, la señal de compromiso fiscal puede ser positiva para la confianza, siempre que la ley sea acompañada de políticas creíbles y de ejecución técnica precisa.
El Gobierno, por su parte, vincula la iniciativa con la meta de “déficit cero” que ha señalado desde la presentación del presupuesto. En ese marco, el Ejecutivo argumenta que la norma pretende blindar el equilibrio fiscal y evitar que futuros gobiernos reabran la emisión como herramienta para cubrir desequilibrios. Los voceros oficiales enfatizan que se busca garantía legal para lo que el Gobierno describe como una consolidación fiscal imprescindible.
Si la ley prospera, los analistas anticipan, primero, una reducción de la incertidumbre relacionada con la monetización del déficit y, por tanto, una potencial mejora en la percepción de riesgo país. Sin embargo, segundo, advierten que la rigidez normativa podría inhibir respuestas fiscales flexibles en recesiones o desastres naturales. En consecuencia, el impacto neto dependerá de la letra fina del proyecto y de cómo los jueces y los futuros gobiernos interpreten y apliquen las sanciones previstas.