Hace cuatro años, El Salvador dio un paso que lo posicionó en el centro del debate global sobre el futuro del dinero. El 9 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin, convirtiendo al país en el primero del mundo en adoptar esta criptomoneda como moneda de curso legal. Desde entonces, el impacto ha ido mucho más allá de sus fronteras.
A pesar de las críticas iniciales —provenientes de organismos multilaterales y economistas tradicionales—, El Salvador mantuvo el rumbo. El presidente Nayib Bukele, principal impulsor de la medida, articuló una estrategia que combinó acumulación diaria de BTC, incentivos fiscales y narrativa soberana. Esto convirtió al país en un caso de estudio para reguladores y gobiernos que, hasta ese momento, observaban a Bitcoin con cautela.
A lo largo de estos cuatro años, el ecosistema cripto ha cambiado sustancialmente. Empresas como Strategy, bajo el liderazgo de Michael Saylor, adoptaron políticas agresivas de inversión en BTC. Instituciones financieras como Fidelity y BlackRock lanzaron productos ligados a la criptomoneda. Sin embargo, la iniciativa de El Salvador permanece única: se trata del único país en el que el Estado actúa como inversor activo y promotor institucional de Bitcoin.
En diciembre de 2022, el gobierno anunció la compra diaria de 1 BTC como parte de una estrategia de acumulación a largo plazo. A la fecha, la tesorería salvadoreña posee más de 6.200 BTC, con ganancias no realizadas cercanas al 120%, de acuerdo con datos de plataformas como Bitcoin Office.
Además de las compras, El Salvador avanzó en minería de Bitcoin con energía geotérmica. Gracias a sus volcanes, el país pudo ofrecer energía renovable a bajo costo, lo que atrajo a operadores internacionales interesados en prácticas sostenibles.
Interés internacional y cooperación regional
La apuesta de El Salvador no pasó desapercibida. En mayo de 2022, representantes de 44 economías emergentes visitaron el país para debatir el potencial del Bitcoin en materia de inclusión financiera. Desde entonces, se han concretado múltiples acuerdos de cooperación. Uno de los más destacados fue con la Comisión Nacional de Valores de Argentina, que en diciembre de 2024 firmó un memorando con la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador.
Este tipo de iniciativas consolidó al país como un foro para el debate sobre criptomonedas y regulación. En febrero de este año, Bukele recibió nuevamente a Michael Saylor, Max Keiser y Stacy Herbert para discutir los próximos pasos en la expansión de Bitcoin a nivel estatal. Apenas la semana pasada, el presidente salvadoreño se reunió con Bo Hines, asesor del gobierno de Estados Unidos, para explorar nuevas formas de colaboración en activos digitales.
FMI pide cambio, El Salvador se ajusta
El entorno cambió, y con él, algunos elementos de la política salvadoreña. A finales de 2024, el país llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicó modificar ciertos aspectos de la Ley Bitcoin. El uso obligatorio de BTC fue retirado, y la billetera estatal Chivo se encuentra en proceso de desactivación.
Sin embargo, el compromiso central permanece. Las compras diarias continúan, y las iniciativas educativas siguen vigentes. Según funcionarios como Stacy Herbert, el objetivo es mantener una política que combine estabilidad macroeconómica con innovación digital.
En paralelo, aunque los llamados “bonos volcán” aún no fueron emitidos, en 2024 surgió un nuevo instrumento financiero: el token HILSV. Este activo, negociado en dólares y USDT en la red Liquid, se orienta al financiamiento del sector inmobiliario y representa una evolución de las propuestas iniciales.
¿Qué viene después?
Aunque El Salvador permanece solo en la adopción plena de Bitcoin, su experiencia ha servido como catalizador para debates más amplios. La República Centroafricana fue el único otro país en seguir un camino similar, pero con escaso impacto global. Las principales economías, por su parte, siguen siendo reticentes, en parte por la volatilidad del mercado cripto y en parte por la presión de organismos financieros internacionales.
Con todo, la acumulación de BTC por parte del Estado salvadoreño ya arroja beneficios financieros. Según el sitio Nayibtracker, las ganancias superan los USD 31 millones, con un precio promedio de compra cercano a los USD 43.877 por Bitcoin. Al precio actual, esa estrategia se presenta como económicamente sólida, a pesar de las caídas previas del mercado.
El caso salvadoreño plantea una pregunta crucial: ¿puede una criptomoneda formar parte de una política de Estado a largo plazo? Hasta ahora, la respuesta parece inclinarse hacia el sí, al menos en términos de convicción y coherencia.
La experiencia de El Salvador ofrece un modelo híbrido: una adopción estatal activa, acompañada de una narrativa de soberanía tecnológica y financiera. Si bien aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, el país ha logrado posicionarse como referente para naciones que buscan alternativas frente a los modelos económicos tradicionales.
