El legislador francés Éric Ciotti, en colaboración con el partido político de centro-derecha de Francia UDR, envió a la cámara un proyecto de ley que propone que la nación adquiera aproximadamente 420,000 bitcoins durante los próximos siete a ocho años.
Esta cantidad representa alrededor del 2% de la oferta total de bitcoin a nivel mundial. El proyecto, considerado el más ambicioso sobre criptomonedas en la historia del país, busca establecer una «Reserva Estratégica de Bitcoin» que otorgue a Francia un papel pionero en la economía digital global.
De aprobarse dicho proyecto, marcaría un cambio de paradigma en la gestión de reservas nacionales y en la adopción institucional de activos digitales.
La reserva incluye energía nuclear y renovable para la minería
El texto legislativo plantea la creación de un Establecimiento Público Administrativo (EPA) encargado de gestionar la reserva, con una estructura similar a la que regula las reservas de oro y divisas del país.
Las fuentes de financiación propuestas también incluyen utilizar el excedente de energía nuclear e hidroeléctrica para la minería nacional de bitcoin, liquidar activos criptográficos incautados y dirigir los fondos de cuentas de ahorro para compras diarias de bitcoin.
Se prevé además una reforma fiscal que incentive la participación de mineros nacionales mediante impuestos adaptados y tarifas flexibles para centros de datos.
Los BTC adquiridos bajo un proyecto de Estado
Otra de las disposiciones destacadas del proyecto es la posibilidad de que Francia conserve los criptoactivos incautados durante procesos judiciales. Además, plantea que una cuarta parte de los fondos captados por los esquemas de ahorro más populares —como el Livret A y el LDDS— se destinen a la compra diaria de Bitcoin.
En cifras, esto implicaría compras por unos EUR 15 millones al día, equivalentes a aproximadamente BTC 55.000 por año. El texto también abre la puerta para que los ciudadanos puedan pagar ciertos impuestos en Bitcoin, siempre que la medida sea validada constitucionalmente.
Por último, el documento legislativo también impulsa el uso de stablecoins denominadas en euros como medio de pago cotidiano, presentándolas como una alternativa eficiente a las redes tradicionales. Bajo este punto se rechaza explícitamente la idea de un euro digital controlado por el Banco Central Europeo (BCE), al que considera una amenaza para la privacidad y la libertad financiera individual.