En la segunda sesión de la comisión investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados de Argentina, los representantes de las principales exchanges de criptomonedas del país no lograron exponer sus puntos de vista, pese a haber sido formalmente invitados. Aunque la audiencia se extendió por más de nueve horas, voces clave del ecosistema —como Belo, Lemon y Bitso— quedaron fuera del micrófono.
La exclusión no fue un detalle menor. En medio del creciente debate sobre el futuro regulatorio de los activos digitales en Argentina, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) buscaban mucho más que opinar sobre el escándalo en torno al token promocionado por el presidente Javier Milei. Querían plantear una agenda más amplia: la necesidad urgente de reducir la carga fiscal que hoy, según denuncian, amenaza con asfixiar a una industria que emplea a miles de personas en el país.
Exchanges de criptomonedas siguen sin espacio para hablar
El CEO de Belo, Manuel Beaudroit, cuestionó públicamente el desarrollo de la sesión. En su visión, la reunión fue utilizada para reforzar narrativas predefinidas en lugar de abrir un espacio genuino para el diálogo técnico.
Su discurso preparado, que no llegó a pronunciarse, subrayaba la paradoja actual: Argentina cuenta con una de las normativas más avanzadas en materia de tokenización y PSAV, pero mantiene un régimen fiscal que penaliza el uso y la innovación en criptoactivos. “La industria está en crisis. El modelo impositivo discrimina a estos actores y pone en juego su sostenibilidad económica”, decía el texto.
Desde Lemon, la visión fue similar. Juan Pablo Fridenberg, director de asuntos públicos del exchange, afirmó que la intención de su participación era aportar una mirada constructiva sobre la regulación. Según expresó en una comunicación enviada a medios, los exchanges pretendían “compartir elementos para pensar juntos las mejores políticas públicas” que impulsen la formalización y el desarrollo tecnológico del sector.
Sin embargo, dejó en claro que uno de los grandes pendientes es un marco tributario justo.
“Hoy el régimen fiscal sigue siendo incierto e inequitativo”, afirmó.
El vocero mencionó distorsiones en impuestos como IVA, Ganancias y Bienes Personales, que penalizan a los actores que operan dentro de la legalidad.
Actualmente, Lemon cuenta con más de 4 millones de usuarios. Y Argentina, según datos de la propia empresa, lidera en cantidad de usuarios activos y volumen recibido en criptomonedas en América Latina. Para los exchanges, esa masificación debería ser tomada como una señal: la industria no es marginal, sino parte del día a día económico de millones de personas.
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Inversores de criptomonedas piden libertad económica y reglas claras
La frustración del sector parece ir más allá de un incidente puntual. Para las empresas cripto, el problema es estructural: mientras el Estado argentino busca regular y supervisar, aún no ofrece las condiciones mínimas para que esa regulación se traduzca en incentivos al desarrollo. En palabras de Fridenberg, “la regulación debe ir de la mano con un régimen fiscal claro, progresivo y técnicamente consistente”.
Tanto Lemon como Belo insistieron en un punto clave: la industria cripto ya forma parte del día a día de millones de argentinos. Para ambos voceros, el desafío ahora es acompañar ese crecimiento con políticas que valoren la libertad económica como motor de innovación.
En este sentido, los directivos coincidieron en que una regulación moderna, basada en principios de libertad individual y competencia abierta, no solo protegería al usuario, sino que posicionaría a Argentina como un faro regional en tecnología financiera.
Echanges dejan un llamado al Congreso
La falta de tiempo para escuchar a los exchanges se enmarca en un escenario político complejo. La comisión aún no logró designar autoridades debido a desacuerdos entre bloques, lo que pone en duda la continuidad de los debates. Desde la Cámara Argentina Fintech se confirmó que empresas como Lemon, Bitso y Belo fueron invitadas por diversos bloques, pero formalmente quedaron registradas como expositoras del PRO. Este dato alimenta la percepción de que la falta de equilibrio político también repercute en la calidad y apertura del debate.
Mientras tanto, la industria sigue esperando. Sin claridad impositiva ni previsibilidad jurídica. Entre inversores, crece la preocupación de que el Estado argentino termine desincentivando uno de los sectores con mayor potencial de generación de empleo, inversión extranjera y adopción tecnológica.
Por ahora, no hay fecha confirmada para una próxima sesión. Pero la expectativa del sector es clara: abrir un debate serio, técnico y sin sesgos ideológicos, que reconozca a las criptomonedas no como una amenaza, sino como una herramienta de libertad económica en un país con larga tradición de crisis monetarias.
Porque para muchos en el ecosistema, regular no es sinónimo de restringir. Regular puede ser, también, garantizar reglas claras, reducir impuestos distorsivos y permitir que la innovación florezca.
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