En un movimiento histórico, varias agencias federales de los Estados Unidos están colaborando para redefinir el concepto de «dinero», incluyendo Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas dentro de este alcance.
El cambio, liderado por el Departamento del Tesoro, busca adaptar la legislación actual a la realidad del mercado financiero moderno, donde los activos digitales desempeñan un papel cada vez más significativo.
De acuerdo con la agenda regulatoria semestral publicada recientemente, el objetivo principal es modificar los requisitos de información exigidos a las instituciones financieras que operan con criptomonedas, tanto a nivel nacional como internacional.
Esta redefinición involucrará al Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y a la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), quienes trabajan para ajustar la Ley de Secreto Bancario, incorporando criptoactivos en la definición de “dinero”.
Bitcoin
Esta medida pretende asegurar que las criptomonedas sean tratadas de manera similar a las monedas fiduciarias tradicionales en términos regulatorios. La redefinición propuesta clasifica las criptomonedas como «medios de intercambio que tienen un valor equivalente a la moneda fiduciaria o que actúan como sus sustitutos, aunque no tengan curso legal.»
La inclusión de las criptomonedas en la ley de 1970 tendrá implicaciones significativas. Bancos y empresas que gestionan activos digitales estarán obligados a informar al gobierno sobre todas las transacciones que superen el valor de US$ 10,000, siguiendo las mismas directrices aplicadas al dinero físico.
Además, la propuesta también prevé la posibilidad de romper el secreto bancario, permitiendo que las instituciones financieras revelen información de los clientes bajo orden judicial o en investigaciones criminales.
La agenda regulatoria del Departamento del Tesoro también menciona la ampliación de los requisitos de informes sobre transacciones con criptomonedas, incluidas las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC). Estos cambios buscan mejorar la transparencia en el mercado de activos digitales y combatir actividades ilícitas, alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se espera que la versión final de la propuesta regulatoria sea revisada en 2025, con la expectativa de que entre en vigor bajo la administración que asumirá después de las elecciones presidenciales. Este movimiento refleja el creciente reconocimiento de las criptomonedas como componentes esenciales del sistema financiero global.