Una reciente encuesta revela que la mayoría de los votantes estadounidenses se oponen a la propuesta del expresidente Donald Trump de crear una reserva de Bitcoin. El estudio, realizado por Data for Progress, encuestó a 1.169 ciudadanos de EE.UU. entre el 8 y el 10 de marzo de 2025.
Según los datos, el 51% de los encuestados rechaza tanto la creación de una reserva estratégica de Bitcoin como la acumulación de un fondo digital de activos. Incluso entre los republicanos, tradicionalmente aliados de Trump, la propuesta no logra un respaldo total.
De manera sorprendente, el 40% de los republicanos expresó su rechazo a la iniciativa, lo que indica que la oposición trasciende las líneas partidistas. Entre los demócratas y los independientes, la resistencia es aún mayor: el 59% de los demócratas y el 56% de los independientes están en contra del plan.
A principios de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para la creación de la reserva de Bitcoin, la cual estaría compuesta únicamente por BTC ya en posesión del gobierno. Según el plan, las futuras adquisiciones no generarían costos adicionales para los contribuyentes.
Votantes rechazan la reserva de Bitcoin
A pesar de la medida, la población estadounidense sigue mostrando una fuerte oposición. Además de rechazar la reserva, los encuestados también abogan por una reducción del gasto federal en el sector de criptomonedas y blockchain. Según la encuesta, el 45% de los estadounidenses prefiere disminuir estas inversiones.
Solo el 29% considera que los niveles actuales de inversión son adecuados, mientras que apenas el 10% cree que deberían incrementarse los recursos destinados a este sector. Los resultados reflejan una clara preferencia por redirigir los fondos públicos hacia áreas consideradas prioritarias.
Por ejemplo, el 65% de los encuestados apoya un aumento en el presupuesto de programas sociales como la Seguridad Social, mientras que el 64% prefiere más inversión en el sistema de salud pública, como Medicare.
Además, muchos ciudadanos consideran que los proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes y transporte público, deberían recibir mayor atención financiera por parte del gobierno federal.