El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado otro paso hacia la regulación del mercado de criptomonedas en el país. Recientemente, a través del Ministerio de Economía, Bukele presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Emisión de Activos Digitales, promulgada el año pasado. El cambio también afecta la aplicación de la Ley Bitcoin, aprobada en 2021.
Esta iniciativa tiene como objetivo, según el gobierno, «incentivar la participación del sector privado en el mercado de criptomonedas» y asigna a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) la responsabilidad de supervisar y regular el uso de Bitcoin en el país.
La reforma propuesta por el gobierno salvadoreño se produce en un momento crucial para el país, ya que busca cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional que establece estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La CNAD, que estará dirigida por un Consejo de Administración compuesto por la presidencia y el Ministerio de Economía, tendrá poderes ampliados para regular el mercado de criptomonedas. Esto incluye, por ejemplo, el registro obligatorio de proveedores de servicios, como exchanges y procesadores de pagos.
El Salvador reformará leyes relacionadas con Bitcoin
Según la ministra de Economía, María Luisa Hayem, la propuesta incluye la implementación de nuevas obligaciones para las plataformas de criptomonedas, como la adopción de políticas de gestión de riesgos y el cumplimiento de regulaciones técnicas emitidas por la CNAD.
Entre las medidas previstas se encuentra la aplicación de la «Regla de Viaje», que exige que los exchanges de criptomonedas establezcan límites para las transacciones, además de definir políticas contra la pérdida o el robo de activos.
Este movimiento por parte del gobierno de Bukele también se ve como un intento de mejorar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Después de años de negociaciones, El Salvador y el FMI han avanzado en una serie de acuerdos preliminares que buscan mitigar los riesgos asociados con el uso de Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Analistas sugieren que esta reforma podría facilitar un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI. En la práctica, esto permitiría a El Salvador acceder a aproximadamente 1.300 millones de dólares para equilibrar sus finanzas, un recurso vital para la economía del país.
Sin embargo, expertos señalan que la propuesta de Bukele podría no ser suficiente para cumplir con las exigencias del FMI. Carlos Acevedo, ex presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, afirmó que «lo que más preocupa al FMI es el Artículo 7 de la Ley Bitcoin, que confiere al Bitcoin el estatus de moneda de curso legal».
Según Acevedo, esta cuestión sigue siendo un gran obstáculo en las negociaciones con el FMI, sobre todo porque Bukele no muestra señales de retroceder en esta decisión.
