La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB), en El Salvador, contará con un presupuesto de $12.9 millones para 2025, representando una leve disminución del 1% respecto al año 2024.
A pesar de la reducción en áreas clave como salud y educación, el presupuesto asignado a la AAB se mantiene relativamente constante. Esto refleja una posible prioridad del gobierno de El Salvador en la administración de activos digitales, un sector que ha suscitado controversia tanto dentro como fuera del país.
De los $12.9 millones asignados, $12 millones provienen de ingresos corrientes, específicamente de la prestación de servicios públicos. Sin embargo, se desconoce la naturaleza exacta de estos servicios, pues la AAB no otorga licencias ni supervisa a empresas del sector. Esta falta de claridad sobre sus funciones alimenta el debate sobre el impacto real de la Agencia en la economía salvadoreña y su contribución al bienestar de la población.
El economista Alfonso Goitia cuestionó en el periodico El Salvador el uso de fondos públicos en apuestas especulativas como el Bitcoin. Goitia ha señalado que “hay necesidades mayores en educación, salud, y vivienda”. La crítica también proviene de otros expertos, quienes argumentan que el énfasis del gobierno en activos digitales parece desviar recursos de sectores esenciales para la población.
Controversias sobre la función de la AAB y su financiamiento
La AAB se encarga de administrar e invertir los fondos de las ofertas de activos digitales del Estado. No obstante, este presupuesto ha sido sujeto a ampliaciones durante el año. A junio de 2024, los informes de Hacienda mostraban un presupuesto de $29 millones, significativamente superior al aprobado originalmente.
El economista Otto Rodríguez considera que los $212 millones reportados por la AAB como “ingresos financieros y otros” podrían no corresponder únicamente a diferenciales cambiarios, como informó Hacienda, sino también a un fondo ya existente financiado mediante préstamos, y cuestiona la rentabilidad de esta inversión en Bitcoin dada la falta de transparencia sobre los detalles operativos de la AAB.
La existencia y el financiamiento continuo de la Agencia contrastan con los recortes en otros sectores. “El gobierno tiene un interés especial en impulsar activos digitales como Bitcoin, incluso por encima de otras prioridades”, afirma el economista Rafael Lemus, añadiendo que esta apuesta podría implicar un sacrificio en necesidades sociales.
Con el presupuesto de 2025 aprobado, la AAB mantiene una posición controversial en la política fiscal de El Salvador, y los ciudadanos aún esperan explicaciones claras sobre el impacto y los beneficios reales de la Agencia en la economía del país.
