El diputado panameño Andrés Solís Arias presentó ante el senado un anteproyecto de ley para regular las criptomonedas en ese país. Este marco regulatorio, además de servir para el uso de los activos digitales, promoverá la economía digital en Panamá.
En su presentación del anteproyecto, el diputado alegó que «no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente». Además, planteó que «con esta ley buscamos que se cree un marco regulatorio donde se pueda desarrollar el uso de las criptomonedas en Panamá y se desarrollen estas tecnologías que lo que buscamos es brinda seguridad jurídica y transparencia, atraer inversiones y crecimiento económico, incentivos para la innovación y emprendimiento de estos sectores financieros».
Asimismo, Solís Arias remarcó que, debido a la ubicación geográfica, Panamá no solamente podría ser un hub tecnológico, sino que también podría convertirse en un referente de América Latina.
Panamá busca regularizar las criptomonedas
Legisladores panameños presentaron varios proyectos de ley para regular los activos en el país central. El primer acercamiento fue en el año 2022, cuando se propuso un proyecto para definir bases legales en torno a las criptomonedas, tokens autorizados y billeteras digitales, así como para establecer regulaciones sobre los exchanges.
Uno de los casos más sonados se dio en 2022 con la llamada «Ley Cripto», impulsada por el legislador Gabriel Silva. La iniciativa se aprobó en tercera discusión en la Asamblea Nacional de Panamá, pero posteriormente vetada por el expresidente Laurentino Cortizo, quien argumentó preocupaciones sobre su alcance y posibles implicaciones regulatorias.
Vale destacar que la regulación de los criptoactivos en Panamá no solo está limitada al debate legislativo. Desde el sector financiero, especialistas y capitalistas de riesgo coinciden en la necesidad de establecer un marco normativo que brinde seguridad y atraiga inversiones.
Si Panamá logra establecer reglas claras para el uso de criptomonedas, tendría una gran oportunidad para modernizar su infraestructura de pagos. Esto permitiría a más ciudadanos y empresas acceder a servicios financieros sin depender exclusivamente del sistema bancario tradicional, reduciendo costos y agilizando transacciones.
