Empresas de uso de Inteligencia Artificial están robando datos para usarlos indebidamente. Según el director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos de la Universidad Austral, Daniel Monastersky, “El uso de datos de menores para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial sin garantías legales ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de actualizar la Ley 25.326 y proteger la soberanía digital en Argentina”.
Crecen las denuncias
Monastersky sostuvo que en las últimas semanas surgieron múltiples denuncias sobre cómo grandes plataformas tecnológicas, como Meta, estarían utilizando interacciones digitales de menores para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sin contar con mecanismos adecuados de consentimiento.
Entre los casos recientes, dos adolescentes de entre 13 y 15 años en Buenos Aires alimentaron el algoritmo de Meta, simplemente usando Instagram. La situación expone un vacío normativo que Argentina aún no resolvió, subrayó.
También citó el caso de una denuncia contra Meta, presentada en julio de 2024, cuya respuesta habría dejado en evidencia la falta de compromiso legal, con un apoderado con facultades insuficientes y una solicitud de prórroga.
¿Cómo podría evitarse?
Tomando como ejemplo a Brasil, que suspendió operaciones de IA y anunció sanciones económicas contundentes, Argentina necesita modificar su marco regulatorio. La actual Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), vigente desde el año 2000, quedó desactualizada frente a los retos del entorno digital.
Por eso mismo, el referente destaca como prioritaria la actualización de la ley y promoción de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) en organizaciones públicas y privadas. También destacó un establecimiento de mecanismos claros y específicos de consentimiento para sistemas de IA, programas de formación ciudadana en derechos digitales y sanciones efectivas y disuasorias ante incumplimientos.
Por otro lado, manifestó que la protección de los datos personales no es solo un tema técnico o legal, sino que se trata de una cuestión de soberanía digital y de derechos fundamentales. Mientras no se legisle en consecuencia, los ciudadanos argentinos —sobre todo niños y adolescentes—, seguirán en una situación de vulnerabilidad frente a prácticas invasivas de empresas tecnológicas.
