China condenó a cinco personas a la pena de muerte por su participación en una amplia red criminal que utilizaba criptomonedas en fraudes transnacionales. Entre los condenados se encuentran Bai Suocheng y Bai Yingcang, padre e hijo, líderes de uno de los cuatro clanes familiares que controlaban la región de Kokang, en Myanmar, conocida por albergar centros de estafas digitales.
La sentencia, emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, también impuso la pena de muerte con suspensión de dos años a otras dos personas, además de cadena perpetua para cinco acusados. Otros nueve implicados recibieron penas que varían entre tres y veinte años de prisión.
La región de Kokang, en el norte de Myanmar, se ha convertido en un epicentro de esquemas de fraude con criptomonedas, tráfico y extorsión. El sudeste asiático, especialmente Myanmar, Camboya y Laos, concentra actualmente los mayores centros de estafas del mundo.
Solo en junio, Estados Unidos confiscó USD 225 millones procedentes de estas redes criminales. El mes pasado, el gobierno estadounidense también incautó otros USD 15.000 millones en Bitcoin, como resultado de investigaciones relacionadas con los mismos grupos.
Mientras que EE. UU. se ha enfocado en rastrear los fondos, China intensificó la represión directa contra los delincuentes. Después de que Myanmar extraditara a diez líderes de estas redes a las autoridades chinas a comienzos de 2024, 21 acusados fueron juzgados en septiembre. Ahora, la sentencia de los principales responsables marca un cambio de postura firme del gobierno chino frente a la criminalidad digital.
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Fraudes con criptomonedas se extienden por el sudeste asiático
El tribunal concluyó que el grupo liderado por la familia Bai movió 29.000 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 4.000 millones, mediante fraudes electrónicos, casinos ilegales y tráfico de drogas. Las investigaciones revelaron que los acusados asesinaron a seis ciudadanos chinos y provocaron el suicidio de una víctima, además de numerosos casos de lesiones y secuestros.
Asimismo, los medios estatales destacaron que los criminales utilizaron su influencia familiar y fuerzas armadas locales para establecer 41 complejos ilegales, incluyendo el Hotel Baisheng y el Parque Tecnológico Cangsheng, que servían como fachada para el lavado de dinero y la explotación sexual.
La decisión del tribunal refleja el endurecimiento de la política china contra los delitos relacionados con criptomonedas, enviando una señal de alerta internacional. Tailandia, por ejemplo, ya había cortado el suministro eléctrico a los centros de estafas en Myanmar, pero los delincuentes reanudaron las operaciones mediante generadores, lo que evidencia la sofisticación y resiliencia de estas redes.