Un nuevo intento por establecer un marco regulatorio para los criptoactivos en Colombia fue presentado ante el Congreso por el senador Gustavo López Hurtado. El proyecto de ley para regular el mercado de criptomonedas, compuesto por 19 artículos, pretende formalizar la industria de las criptomonedas en el país mediante medidas de transparencia y cooperación con el sistema financiero tradicional.
Según los proponentes, la legislación busca responder a una necesidad urgente: establecer reglas claras en un entorno marcado por el crecimiento informal y los fraudes financieros. En palabras del senador López, “regular no es prohibir”, y el objetivo del texto es proteger a los ciudadanos y fomentar un ecosistema más competitivo.
Uno de los pilares del proyecto es la creación de un Registro Público Electrónico para empresas que ofrezcan servicios con activos virtuales (PSAV). Estas entidades deberán inscribirse y cumplir con normas de transparencia. El registro será administrado por la Superintendencia de Sociedades y permitirá a los usuarios verificar información sobre los proveedores de servicios. Las nuevas reglas tienen como objetivo reducir los riesgos de estafa.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley para regular el mercado de criptomonedas define de manera amplia qué se entiende por PSAV. Desde la custodia de criptoactivos hasta la gestión de plataformas de intercambio, pasando por la asesoría financiera, todas estas actividades estarán incluidas bajo un mismo marco jurídico. Esto apunta a estandarizar el lenguaje técnico en un sector que, hasta ahora, carece de definiciones legales claras.
El texto legislativo también incluye un enfoque educativo. Propone que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y el SENA desarrollen programas de formación técnica sobre Bitcoin y blockchain. Universidades y centros de formación podrán ofrecer cursos especializados, mientras que fondos de capital semilla impulsarán emprendimientos tecnológicos en zonas urbanas y rurales.
Ciudades como Medellín, considerada el polo de innovación digital, y municipios como Usiacurí, donde ya se acepta bitcoin como medio de pago, serían laboratorios naturales para la implementación de estas medidas. Además, se contempla la creación de Fondos Territoriales Temporales para financiar proyectos basados en tecnología de registro distribuido.
En el ámbito de la protección al consumidor, la ley obligará a los PSAV a informar a los usuarios sobre los riesgos asociados al uso de criptoactivos. Esto incluirá advertencias sobre la alta volatilidad del mercado y la irreversibilidad de las transacciones. Asimismo, las empresas deberán mantener separados los fondos de los usuarios de sus propios activos operativos.
También se exigirá el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por último, se establecerá la obligación de ofrecer educación financiera gratuita en las plataformas, fomentando así decisiones más informadas por parte de los usuarios.
El proyecto detalla restricciones orientadas a preservar la integridad del mercado. Se prohíben los esquemas piramidales, el uso no autorizado de fondos de los usuarios y la publicidad engañosa sobre inversiones en criptomonedas. Únicamente se permitirá la difusión de contenidos informativos con fines educativos.
Además, los PSAV deberán contar con autorización expresa para realizar transferencias o gravámenes sobre los activos de sus clientes, garantizando así la seguridad jurídica en las operaciones.
Uno de los elementos más innovadores de la propuesta es la integración del sistema financiero tradicional con el ecosistema cripto. Se permitirá que bancos y cooperativas presten servicios a PSAV, siempre que estos cumplan con los estándares de debida diligencia. El Banco Agrario tendrá un rol central, ya que estará obligado a facilitar el acceso de estas empresas a productos bancarios básicos.
En caso de ser aprobado, Colombia se sumaría a países como Brasil y El Salvador, que ya cuentan con marcos regulatorios para bitcoin y otras criptomonedas. No obstante, persisten desafíos, especialmente en temas tributarios y en la capacidad del Estado para adaptarse a la evolución tecnológica del sector.