La Justicia Federal de San Isidro avanza en la investigación del caso $Libra, la criptomoneda promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei.
La jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó determinar si el presidente se encontraba en la Quinta de Olivos cuando realizó la publicación en X el 14 de febrero a las 19:01, apenas un minuto después del lanzamiento del activo digital en internet.
La medida surge a partir de la denuncia presentada por Juan Ricardo Mussa ante la Cámara Federal de San Martín, que tiene jurisdicción sobre la residencia presidencial. La investigación busca establecer si la promoción de $Libra desde un canal oficial puede encuadrarse en posibles delitos financieros.
En paralelo, el caso también es analizado en la Justicia Federal de la Capital, donde la jueza María Servini concentra varias denuncias relacionadas. Dado que la ubicación de Milei al momento del posteo podría definir la competencia del caso, Arroyo Salgado ordenó a la custodia de la Policía Federal y a la Casa Militar que remitan los registros de ingreso y egreso del mandatario entre el 13 y el 17 de febrero.
Según fuentes judiciales, la Policía Federal indicó informalmente que Milei no se habría movido de Olivos en esas fechas. Pero también afirmó no contar con registros formales detallados de sus desplazamientos. La jueza espera una respuesta formal de la Secretaría General de la Presidencia para definir los próximos pasos del proceso.
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Posibles implicaciones legales
El caso $Libra tomó relevancia tras la publicación de Milei en redes sociales, que impulsó un alza abrupta en la cotización de la criptomoneda. Horas después, su valor cayó debido a la venta masiva de activos por parte de un grupo reducido de inversores, dejando a más de 40.000 afectados. La investigación busca determinar si hubo uso de información privilegiada.
Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano imputó a varios empresarios vinculados al desarrollo y promoción de $Libra, así como a funcionarios cercanos al gobierno. Los presuntos delitos incluyen abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.
Taiano también solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a empresas tecnológicas como Google para rastrear los sitios web relacionados con la operación.
La decisión sobre la competencia judicial sigue en disputa, mientras Arroyo Salgado aguarda documentación para definir si continuar con la causa o remitirla a Comodoro Py. La investigación podría ampliar su alcance si se confirma que funcionarios gubernamentales participaron en la promoción de la criptomoneda.
