El Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región (TRT-MG) autorizó el envío de oficios a instituciones financieras y plataformas que operan con criptomonedas con el objetivo de identificar posibles activos digitales de deudores en procesos laborales.
La decisión, emitida por la 10ª Sala del tribunal, revocó una sentencia de la 3ª Vara del Trabajo de Coronel Fabriciano, que había rechazado la solicitud presentada por un ex empleado de una empresa de mecanizado y soldadura de Ipatinga (Minas Gerais).
Según el portal Migalhas, la medida busca localizar posibles bienes digitales que puedan utilizarse para saldar una deuda laboral que lleva más de diez años sin resolverse. El juez de primera instancia había considerado la solicitud improcedente, argumentando que los ejecutados eran “deudores reincidentes” y que los intentos anteriores de bloqueo no habían tenido éxito.
Embargo de criptomonedas
Al analizar el recurso, la magistrada Taísa Maria Macena de Lima, ponente del caso, destacó que la adopción de medidas destinadas a localizar y embargar criptomonedas es proporcional y adecuada ante la lentitud del proceso de ejecución. Según explicó, la naturaleza alimentaria del crédito laboral y la ineficacia de los medios tradicionales justifican el uso de mecanismos alternativos.
La jueza citó el artículo 765 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), que autoriza al magistrado a realizar todas las diligencias necesarias para garantizar el cumplimiento de las decisiones. Además, hizo referencia al artículo 139, inciso IV, del Código de Proceso Civil (CPC), que permite la aplicación de medidas atípicas en la fase de ejecución. También mencionó el artículo 835, inciso XIII, que prevé el embargo de cualquier derecho patrimonial, incluidos los relacionados con activos digitales.
El voto también subrayó la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que reconocen la validez de acciones innovadoras en los procesos judiciales de ejecución para asegurar la duración razonable del proceso y el acceso efectivo a la justicia.
El colegiado acompañó por unanimidad el entendimiento de la relatora y determinó el envío de los oficios a las instituciones que operan con criptomonedas para proceder con el embargo. La decisión es definitiva y no admite recurso.