La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha implementado una nueva regulación que exige patrimonios netos mínimos a los exchanges para operar en el país. Los nuevos requisitos van desde 35.000 hasta 150.000 dólares, según la categoría de cada proveedor.
La normativa establece montos diferenciados según el tipo de servicios que cada tipo de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ofrece. Por ejemplo, los exchanges que manejan criptomonedas y dinero fiduciario deben contar con un patrimonio mínimo de 150.000 dólares. Mientras tanto, las plataformas dedicadas a la transferencia de criptoactivos requieren 75.000 dólares. La medida busca garantizar la solvencia de las plataformas y proteger a los usuarios ante problemas financieros, pero ha sido cuestionada por varios actores del sector.
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, ha señalado que los montos exigidos son “irrisorios” para los grandes exchanges, pero excesivos para los pequeños operadores. Según Mihura, estos montos no reflejan la realidad del mercado, siendo inalcanzables para algunos, pero irrelevantes para otros. En su opinión, la falta de distinción entre diferentes tipos de servicios dentro de los PSAV hace que los requisitos no ofrezcan la protección adecuada a los usuarios de plataformas más grandes.
Reacción de la CNV y perspectivas para los exchanges
Desde la CNV, se argumenta que la normativa tiene como fin fortalecer la confianza en el mercado de criptomonedas. El objetivo es proteger tanto a los usuarios como la innovación en el sector. Sin embargo, la medida también ha sido vista como un intento de controlar un mercado en expansión. La regulación no incluye a las plataformas que solo emiten criptomonedas. La normativa solo se centra en aquellas que ofrecen servicios relacionados con su comercialización o custodia. Esta medida ha generado preocupación sobre su impacto en los emprendedores.
Aunque la normativa ha sido bien recibida por algunos operadores consolidados, quienes consideran que trae claridad y orden al sector, el debate sigue abierto. En particular, algunos actores pequeños podrían enfrentarse a dificultades para cumplir con los requisitos, lo que podría limitar la innovación en un ecosistema que se caracteriza por su rápida evolución.
A medida que se acerca el plazo para cumplir con los nuevos requisitos, la CNV deberá encontrar un equilibrio entre la regulación del sector y la protección de los emprendedores, sin frenar su crecimiento. Mientras tanto, los actores del mercado continúan evaluando las implicaciones de estos nuevos requerimientos.
