Argentina está modificando sus restricciones tecnológicas mientras que la Fiscalía de ese país capacita a sus empleados acerca de los delitos con criptomonedas. Esta serie de medidas son parte de los planes de campaña que el presidente Javier Milei propuso antes de tomar el mando del gobierno.
Eliminar barreras de la importación tecnológica
Argentina se presentó en el proyecto de Ley “Tecnología accesible para los argentinos” que facilitaría el acceso de la población a los productos tecnológicos. Para lograr esto, desde el gobierno sostienen que reducir el costo de los bienes tecnológicos (como computadoras y teléfonos) para que sean más asequibles.
Esta iniciativa pretende modificar el marco regulatorio actual, promoviendo un entorno más abierto y competitivo para los productos informáticos y de telecomunicaciones en el país. También, el objetivo es estimular el crecimiento económico a través de estos productos, ya que en Argentina el acceso a dispositivos tecnológicos extranjeros es caro.
El proyecto apunta a fomentar el acceso a una mayor diversidad de productos. Al eliminar o reducir los aranceles de importación, se espera que más empresas puedan traer tecnologías avanzadas al país, mejorando la oferta para los consumidores. Esto también fortalecerá la competitividad en el mercado, beneficiando directamente a los usuarios con precios más bajos y opciones más amplias.
Se espera que la reducción de precios y la mayor oferta de productos tecnológicos activen varios sectores económicos, mejorando la productividad de las empresas que dependen de tecnologías modernas. Además, al facilitar el acceso a herramientas tecnológicas, se puede impulsar la innovación y modernización en diversas industrias, lo que contribuye al desarrollo económico en general.
Capacitación sobre los delitos con criptomonedas
La fiscalía argentina capacitó a los miembros de su equipo sobre investigaciones de hechos criminales en el ecosistema fintech, con la utilización de criptoactivos.
El objetivo fue formarlos en el análisis y comprensión del funcionamiento de las criptomonedas y la blockchain, sobre el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la participación de las fuerzas de seguridad en las investigaciones que involucren ese tipo de activos virtuales. También hicieron hincapié en la colaboración entre los sectores público y privado, y la manera en que son abordados estos delitos en otros países.
“Los criptoactivos llegaron para quedarse, y para ello debemos saber qué son, dónde están, cuánto cuestan, para qué sirven y por qué los malos los quieren usar para cometer delitos o lavar su dinero”, enfatizó el organizador del evento, Juan Ignacio Starcembaum.
Siguiendo esta línea remarco que, según Naciones Unidas, durante los próximos cinco años el 90% de los delitos será cometido a través de las tecnologías. Esto demandará un nuevo desafío para los operadores judiciales.
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