Más de cuarenta países han acordado implementar un régimen informativo internacional que afectará a los exchanges de criptoactivos. Este nuevo sistema, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comenzará a funcionar en 2027 y busca aumentar la transparencia fiscal en las operaciones con criptomonedas. Entre los países participantes se encuentran Chile, México, Estados Unidos y España.
Un esfuerzo global contra la opacidad en criptomonedas
En diciembre de 2023, un grupo de 48 países decidió dar un paso histórico en la lucha contra la evasión fiscal, comprometiéndose a implementar el “Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos” (CARF). La iniciativa, promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), apunta a establecer un intercambio automático de información fiscal sobre transacciones con criptomonedas a partir de 2027. La idea es que los gobiernos obtengan datos precisos sobre las operaciones realizadas por sus ciudadanos en exchanges ubicados en el extranjero.
Por ejemplo, si un mexicano compra criptomonedas en una plataforma de Estados Unidos, la autoridad fiscal estadounidense compartirá los detalles de esa transacción con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México.
Esta medida podría suponer un giro radical en la transparencia financiera global, forzando a los contribuyentes a declarar todas sus actividades con criptoactivos, sin importar dónde las realicen.
La “Travel Rule” como complemento a la vigilancia
El nuevo estándar internacional no viene solo. La “Travel Rule”, impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales informen sobre el remitente y el destinatario de las transacciones de criptoactivos que superen los 1.000 dólares. Aunque solo algunos países, como Japón y Reino Unido, han adoptado la regla hasta ahora, se espera que más naciones se sumen con el tiempo.
La combinación del CARF y la “Travel Rule” busca cerrar las brechas que permitían a algunos usuarios de criptomonedas mover fondos con relativa discreción. Si bien el objetivo declarado es luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la medida también podría tener un impacto directo en la privacidad de los usuarios de criptoactivos.
¿Y qué hay de los bancos?
El esfuerzo por aumentar la transparencia no se limita a los criptoactivos. Desde hace una década, el “Common Reporting Standard” (CRS) permite a las autoridades fiscales de diferentes países compartir información sobre cuentas bancarias. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene como una de las principales excepciones a esta normativa, lo que ha generado críticas en el ámbito internacional.
Los datos recopilados a través del CRS incluyen detalles sobre cuentas bancarias y otros activos financieros, lo que permite a los gobiernos conocer el patrimonio de sus ciudadanos en el extranjero. En Argentina, por ejemplo, la agencia tributaria ha comenzado a mostrar en el perfil online de cada contribuyente la información que posee sobre cuentas en el exterior, lo que representa una intensificación en el control fiscal.
Medidas internas de cada país
Además de los acuerdos internacionales, los gobiernos están implementando sus propios regímenes de información. En países como Argentina, los exchanges locales están obligados a reportar mensualmente al fisco sobre las transacciones de sus usuarios. Si un cliente supera los 360 dólares en ingresos o egresos durante un mes, o si el saldo de su cuenta alcanza los 620 dólares al final del periodo, los detalles se remiten automáticamente a la autoridad fiscal.
Estas nuevas políticas reflejan un cambio global hacia la regulación de las criptomonedas. A medida que los gobiernos se alinean para rastrear las transacciones digitales, el anonimato en el uso de criptoactivos podría convertirse en algo del pasado.
