El Salvador reformó la Ley de Emisión de Activos Digitales este 3 de octubre, introduciendo normas más estrictas para los Proveedores de Servicios de Bitcoin (PSB) y otros actores del ecosistema cripto. Las nuevas disposiciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y proteger a los consumidores, en un país que desde 2021 ha apostado fuerte por el uso del Bitcoin como moneda de curso legal.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma tras una votación que fue anunciada en la red social X (antes Twitter). Desde la adopción del Bitcoin, el gobierno ha tenido que ajustar su marco legal para adaptarse a los rápidos cambios del mercado cripto.
Proveedores de Bitcoin y criptomonedas bajo la lupa
Uno de los puntos más importantes de esta reforma es la obligatoriedad de que los PSB, quienes anteriormente operaban con menos regulaciones, se registren ante la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). Además, deberán cumplir con normas más rigurosas en materia de ciberseguridad y resguardar los activos de sus clientes con mayor responsabilidad.
Sin embargo, la decisión de excluir a los PSB de los beneficios fiscales que sí se otorgaron a otros actores del mercado ha generado controversia. Esta exclusión podría poner en desventaja competitiva a los proveedores de Bitcoin frente a los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD), que gozan de condiciones más favorables.
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Nuevas exigencias para emisores y certificadores
Los emisores de activos digitales también enfrentan cambios importantes. A partir de ahora, las emisiones privadas deben contar con la certificación de expertos, quienes evaluarán la viabilidad de las ofertas y certificarán los Smart Contracts. Estos certificadores, que desempeñan un rol clave en la transparencia del mercado, ahora tienen más responsabilidades y deben cumplir con requisitos adicionales para evitar delitos financieros como el lavado de dinero.
Por otro lado, las ofertas privadas podrán beneficiarse de exenciones fiscales, siempre y cuando cumplan con los estándares establecidos por la CNAD y cuenten con el respaldo de un certificador.
Nuevas tarifas y flexibilidad regulatoria
Además, la CNAD tendrá la discreción de establecer las tarifas que los PSAD deberán pagar por su registro, renovación y autorización. Estas tarifas podrán ajustarse según la complejidad de cada operación, lo que introduce una mayor flexibilidad para adaptarse a la evolución del mercado.
Aunque las reformas buscan consolidar a El Salvador como un referente en el mercado de criptomonedas, algunos expertos advierten que la exclusión de ciertos beneficios fiscales para los PSB podría generar retos competitivos. A pesar de ello, la nueva normativa es vista como un avance hacia una mayor transparencia y seguridad en el ecosistema cripto del país.
Con esta reforma, El Salvador reafirma su compromiso con el desarrollo de un entorno seguro y atractivo para las inversiones en activos digitales, pero los desafíos que plantea la regulación podrían marcar el futuro de algunos actores clave del mercado.
