Luego de conocerse la resolución de la Comisión Investigadora, otra actividad generó alarmas en el caso $LIBRA. Especialistas en criptomonedas confirmaron que hubo un retiro de USD 9 millones desde una billetera virtual que había permanecido sin actividad desde el pasado 15 de febrero, es decir, durante nueve meses.
Estos fondos salieron de cuentas «multisig» —que requieren múltiples firmas para operar— justo cuando los representantes legales de damnificados solicitaban medidas urgentes de congelamiento ante la Justicia estadounidense.
El movimiento que desató la alarma
La billetera «multisig» que se activó tras más de nueve meses inmóvil aparece rotulada en las plataformas online con el apellido «Milei» y registró la transferencia de 69.000 SOL –una criptomoneda de alta liquidez que equivale a unos US$9 millones- a otras billeteras y plataformas más opacas para ocultar su rastro y destino final. Estos movimientos fueron detectados por el experto Fernando Molina.
La operación involucró varias etapas diseñadas para dificultar el rastreo. Los fondos fueron transferidos desde una cuenta identificada como “Milei” hacia otra denominada «oHtMM», que posteriormente comenzó a mover el dinero en tandas más pequeñas de 200, 600 y 700 SOL hacia una tercera billetera identificada como «2B7NY».
El procedimiento utilizado es típico de quienes buscan ocultar el rastro de activos digitales. Molina explicó que los operadores transforman los tokens SOL en dólares digitales (USDC) y los envían mediante el protocolo deBridge hacia otra blockchain, donde efectivamente se pierde la trazabilidad.
La judicialización en Estados Unidos avanza
Estos movimientos ocurrieron en un momento crítico del proceso judicial en Estados Unidos. El bufete Burwick Law, que representa a los damnificados en una demanda colectiva, presentó ante la jueza federal Jennifer Rochon un pedido de emergencia para evitar la “destrucción irreversible” de pruebas y facilitar la trazabilidad de los fondos.
La solicitud advierte sobre un riesgo inminente: que los acusados conviertan fondos rastreables en criptomonedas de privacidad como ZCash, diseñadas matemáticamente para borrar cualquier rastro de origen y destino.
Según la presentación judicial, el monto total en riesgo de desaparecer del radar de la Justicia ascendería a USD 94,5 millones.
El fundamento del pedido se basa en un hallazgo técnico relevante. Los peritos forenses detectaron una «prueba de concepto» ejecutada el 16 de noviembre, cuando una billetera vinculada al equipo de $LIBRA realizó un test: convirtió 1,36 millones de tokens a SOL y en menos de dos minutos los transfirió mediante el protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de ZCash, haciendo que el rastro terminara y los activos se volvieran permanentemente inrastreables.
A pesar de la gravedad del planteo, tanto los abogados de Hayden Davis como los de Benjamin Chow rechazaron los argumentos por considerarlos «falaces», alegando que se trata de una reiteración de pedidos anteriores que ya rechazados por la jueza Rochon.
Por su parte, en Argentina, la Comisión Investigadora emitió un documento que afirma que el proyecto $LIBRA fue una estafa e involucra directamente a los hermanos Milei, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, entre otros funcionarios del gobierno.
El caso generó más de 100 denuncias penales en Argentina y múltiples investigaciones en Estados Unidos, donde se tramita una demanda colectiva que inicialmente buscó congelar cerca de USD 280 millones vinculados a la operación.