El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta semana una serie de allanamientos a financieras y empresas de criptomonedas en operación en Argentina, para seguir la ruta del dinero en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga el direccionamiento de contratos millonarios.
Según Clarín, los procedimientos apuntan directamente a los movimientos financieros de Miguel Ángel Calvete y el resto del llamado “Grupo Museo”, que se repartió más de $30.000 millones en licitaciones irregulares. Una sola de esas transferencias alcanzó los $150 millones de pesos, y parte de ese dinero terminó convirtiéndose en criptomonedas.
A pedido del fiscal Franco Picardi, el magistrado dispuso allanamientos en empresas y domicilios vinculados a operaciones con criptomonedas que se ejecutaron apenas días después de que estallara el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de Acceso a la Salud de ANDIS.
“El objetivo es recuperar lo robado al Estado”, confirmó una fuente judicial a Clarín.
Los operativos se concentran en Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, dos nombres que aparecen de manera recurrente en los chats y cuadernos secuestrados a Calvete.
La ruta cripto, contratos truchos y las billeteras digitales
Según la investigación, Calvete movilizaba regularmente importantes sumas en pesos y dólares, y parte de esos fondos recibidos por Pocoví “serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación NEBLOCKSHAIN”, tal como figura en el dictamen de Picardi.
El juez ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias descubiertas hasta ahora y extendió las medidas a las plataformas de activos digitales donde se habrían refugiado parte de los fondos.
Los mensajes de WhatsApp del «Grupo Museo» revelan que sus integrantes ejecutaban «operaciones – remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques – que configurarían posibles maniobras de lavado de activos». El dato no es menor: el 9 de septiembre pasado, pocos días antes de que Spagnuolo renunciara, el grupo creía que la investigación apuntaba únicamente a «KM» —supuesta referencia a Karina Milei, hermana del presidente, por el famoso audio en el que se menciona una «coima del 3 por ciento».
Los allanamientos se dirigieron a Pocoví que recibió dinero tanto de Calvete como de otras personas vinculadas a ortopedias y proveedoras de insumos a la ANDIS. Parte de ese dinero fue a parar a una cuenta del Banco Industrial. Mastropietro, por su lado, habría utilizado una cuenta a nombre de Baires Fly S.A. en el Banco Macro para recibir transferencias de cientos de millones de pesos desde firmas como Prolite Orthopedics, Probock y Droguería Profarma.
Reportes inflados y facturas truchas
En julio, apenas un mes antes de que explotara el escándalo, Droguería Profarma, vinculada a Calvete y beneficiaria de las licitaciones de ANDIS, capitalizó de manera exponencial su patrimonio: pasó de $100.000 a $300 millones. Esa cifra fue aportada por sus accionistas mediante una Asamblea General Extraordinaria, pero el fiscal sospecha que se trató de una maniobra para blanquear parte del dinero ilícito.
También se capitalizó Profusión S.R.L., firma vinculada a Federico Santich, y Ruth Noemí Lozano, quien aparece como prestanombre: recibe Asignación Universal por Hijo, pero figura como accionista en el entramado. Mastropietro, además, visitó en dos ocasiones el country donde vive Spagnuolo —el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025—, justo en los mismos días y horarios en que Calvete y su esposa ingresaban al domicilio.
Según las investigaciones, todas esas transferencias tenían como respaldo facturas emitidas por Baires Fly con un concepto insólito: «POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA». Nadie sabe a qué viajes se referían. El fiscal considera que estas operaciones formaban parte de un esquema para justificar movimientos de fondos que luego se derivaban hacia criptomonedas y otros activos difíciles de rastrear.