La Agencia Tributaria de Japón y la Agencia de Servicios Financieros dieron un paso decisivo al defender un impuesto fijo del 20% para criptomonedas, cambiando por completo la forma en que el país trata este mercado.
Hoy, las ganancias con cripto se clasifican como “ingresos varios”, lo que eleva la carga tributaria hasta 55% cuando se suman los impuestos nacionales y locales. Por eso, muchos inversores prefieren operar fuera del país. Ahora, sin embargo, el gobierno quiere alinear la tributación con el modelo aplicado a acciones y derivados, creando un entorno más competitivo.
La propuesta surge después de años de quejas sobre la carga excesiva. Además, el plan busca clasificar 105 criptomonedas como productos financieros, colocando activos como Bitcoin y Ethereum bajo las mismas reglas que rigen los valores mobiliarios. Con esto, Japón intenta ofrecer más transparencia, reforzar la supervisión y recuperar relevancia en el escenario global.
A pesar del esfuerzo, el cambio aún depende de aprobación legislativa. El gobierno pretende enviar el paquete al Parlamento en 2026, pero ya indica que una reforma profunda es inevitable. Hasta entonces, el debate seguirá intenso, ya que el sector afirma que el país debe actuar rápido para evitar más fuga de capital, algo que aumentó de forma considerable en los últimos años.
Al mismo tiempo, el gobierno propone medidas que amplían beneficios para quienes invierten en activos digitales. Una de las principales ideas permite que los inversores utilicen pérdidas con criptomonedas para compensar ganancias futuras. Este tipo de compensación ya existe en el mercado de acciones y tiende a ayudar a quienes operan en un escenario de fuerte volatilidad.
Agencia Tributaria de Japón
Además de la cuestión fiscal, el paquete crea nuevas reglas de supervisión. La FSA quiere imponer prácticas estrictas de divulgación para emisores de tokens. Deberán detallar riesgos tecnológicos, fallas operativas y variaciones de precio. Este modelo refuerza exigencias similares a las del mercado tradicional, que siempre ha exigido transparencia de quienes ofrecen productos financieros al público.
La agencia también extiende las reglas que prohíben el uso de información privilegiada a las 105 criptomonedas listadas. Así, cualquier persona que utilice datos no públicos para obtener ganancias podrá recibir sanciones. La adopción de esta regla marca un avance importante porque trata al mercado cripto con el mismo rigor aplicado a las acciones desde hace décadas.
Otra medida relevante impide que bancos y aseguradoras vendan criptomonedas directamente al consumidor. Sin embargo, sus corredoras podrán operar en este segmento. El objetivo es mantener al sistema financiero tradicional alejado de riesgos directos, pero permitir que grupos financieros, mediante subsidiarias, ofrezcan servicios cripto.
El gobierno también discute si los grupos bancarios podrán solicitar licencias para operar como exchanges. Si esto ocurre, el sector podría avanzar hacia un modelo más integrado, en el que bancos y plataformas digitales actúen de forma cercana. Esta posibilidad, sin embargo, exige cuidado para evitar riesgos sistémicos.
El paquete de reformas ganó fuerza después del gran ataque a DMM Bitcoin, que causó pérdidas equivalentes a unos 300 millones de dólares. El episodio expuso fallas graves en sistemas de custodia y servicios tercerizados. Por eso, el país exigirá registro y supervisión de empresas que prestan infraestructura para exchanges, incluyendo gestión de carteras, custodia y procesamiento de transacciones.