La Cámara de Diputados de Brasil recibió un proyecto de Ley que busca autorizar la venta inmediata de criptomonedas, precisamente Bitcoin, decomisadas en investigaciones para debilitar el financiamiento de organizaciones criminales.
Los fondos, obtenidos en procedimientos judiciales relacionados con actividades ilícitas por parte de bandas criminales, se destinarían a entidades públicas para reparar daños y financiar políticas de seguridad pública.
Proyecto de Ley Antifacción
El diputado federal Rodrigo Valadares, del partido político União Brasil, presentó el proyecto de Ley Antifacción (PL nº 6622-C/2025) que establece lo siguiente:
«En caso de incautación de […] activos virtuales, el juez ordenará su conversión en moneda nacional, observada la legislación específica. § Párrafo 1º Los activos referidos en el encabezamiento serán encaminados a la institución financiera o equivalente para enajenación, de acuerdo con las normas establecidas por el órgano regulador» (PL 6622-C/2025, art. 144-E).
Por tanto, la norma indica que las instituciones financieras reguladas (como bancos o corretoras autorizadas por el Banco Central) vendan los activos una vez incautados, junto con divisas extranjeras y títulos. Esta rapidez asegurará la liquidez de los activos en reales brasileños para evitar su almacenamiento prolongado y reducir los riesgos de volatilidad.
El depósito de las ganancias se acreditará en una cuenta judicial vinculada y transferida a entes públicos, según el artículo 144-G. «El producto de la venta depositado en cuenta vinculada al tribunal tendrá como destino final la Unión, a los Estados y al Distrito Federal, en los términos previstos en la legislación», detalla el documento de la propuesta.
En caso de no probarse el origen lícito de los activos, entrará en vigencia el decomiso extraordinario garantizando que los recursos no regresen al crimen organizado. Aún queda por definir que sucede con los acusados absueltos al momento de la judicialización o a posteriori.
Motivos de la propuesta
Según reporta CoinDesk, el proyecto responde al creciente uso de Bitcoin y activos digitales como stablecoins por parte de bandas criminales para lavado de dinero transfronterizo y pago de armas. La publicación cita datos de la Policía Federal que estiman que el PCC movió al menos R$ 200 millones en criptoactivos entre 2023 y 2025.
El diputado Valadares justificó la medida en la exposición de motivos en el documento. «Las facciones utilizan criptomonedas para blindar sus activos. La conversión inmediata corta el oxígeno financiero de estas organizaciones», se lee.
El proyecto aguarda designación de relator en la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado.