La Justicia argentina ordenó el congelamiento de bienes y activos digitales vinculados al empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token Libra (LIBRA), acuñado en la red Solana. La medida fue dictada tras la confirmación de transferencias millonarias por parte del exchange Bitget.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el bloqueo de los fondos a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien presentó un informe técnico detallando operaciones sospechosas por un valor estimado entre 100 y 120 millones de dólares. Según la investigación, Davis habría transferido grandes sumas a través del exchange Bitget, junto con los influencers Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, sospechosos de participar en un presunto esquema de fraude y lavado de dinero.
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Caso LIBRA y las conexiones con el gobierno
El token LIBRA ganó notoriedad luego de que el presidente Javier Milei lo mencionara en una publicación en redes sociales. El apoyo del presidente argentino incrementó su cotización y atrajo a cientos de inversores. Sin embargo, las autoridades sostienen que parte de esos fondos fue desviada mediante operaciones cripto que implicaron el uso del exchange Bitget como canal de transferencia.
Bitget confirmó posteriormente haber detectado transacciones irregulares relacionadas con las cuentas de los investigados y aportó información clave a las autoridades argentinas.
Según fuentes judiciales, la medida cautelar de “prohibición de innovar” impide cualquier movimiento sobre los activos bloqueados. Esto incluye vender, transferir, hipotecar o realizar acciones que alteren la situación patrimonial de los acusados. El congelamiento se extiende, además, a todas las plataformas de criptomonedas que operan en Argentina, con el objetivo de evitar la fuga de capitales digitales vinculados al caso.
Aun de acuerdo con la fiscalía, parte de los movimientos podría corresponder a “pagos indirectos a funcionarios públicos” desde la cuenta de Davis. Los fondos habrían pasado por intermediarios financieros informales, conocidos como cuevas, que actuaban como canales de conversión a dinero fiduciario, dificultando el rastreo.
En paralelo, la Comisión Investigadora del Congreso, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sigue de cerca el desarrollo del caso. En su última reunión, realizada el 21 de octubre, los legisladores acordaron recurrir a la Corte Suprema si se presenta un nuevo fallo desfavorable. Mientras tanto, el caso LIBRA continúa bajo investigación y podría derivar en nuevas imputaciones por lavado transnacional.