El gobierno de Bolivia implementó una nueva regulación sobre las criptomonedas, con el objetivo de modernizar su sistema financiero y establecer un marco legal para la actividad.
Elaborada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), esta normativa establece por primera vez un planteamiento específico para regular las plataformas tecnológicas del ámbito financiero. En el mismo se incluye a los proveedores de servicios con activos virtuales y a las plataformas que operan con criptomonedas.
Las premisas de la nueva medida
La normativa, que tendrá su autorización formal para fines del 2025, se basa en tres principios fundamentales:
- Innovación: de manera responsable, que impulsa el avance tecnológico sin comprometer la estabilidad del sistema.
- Interoperabilidad: que facilita la integración entre distintos servicios y plataformas financieras.
- Confidencialidad y reserva: destinada a salvaguardar la privacidad de los usuarios y la seguridad de las operaciones.
Además, la regulación incluye herramientas complementarias, como un registro nacional de activos virtuales, estrictos protocolos de ciberseguridad y espacios controlados para pruebas, donde los nuevos modelos de negocio podrán ser evaluados antes de su ingreso definitivo al mercado.
Esta medida abarcará a más de 200 empresas que operan en el país y que deberán ajustarse al nuevo marco regulatorio, incluyendo 33 plataformas de pago y 176 proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
No obstante as plataformas extranjeras no están obligadas a constituirse legalmente en Bolivia, siempre que no mantengan alianzas con entidades financieras locales.
Aciertos y desaciertos de la nueva normativa
El nuevo proyecto tiene opiniones compartidas respecto a los puntos del marco normativo. La diputada, María Baldivieso, manifestó que es un punto muy importante para garantizar la operatividad y la libertad de los ciudadanos de usar plataformas extranjeras.
Además, los usuarios podrán participar en los mercados P2P y otros mecanismos de intercambio y pago internacional sin ser sometidos al escrutinio regulatorio e intervencionista.
Sin embargo, el abogado especializado en Derecho Informático y delegado de la Cámara Blockchain Bolivia (Cablock), señaló que la normativa presenta vacíos y desafíos legales. «No distingue entre el ámbito Fintech y el ecosistema de activos virtuales, que debieran regularse por cuerda separada. Debe leerse el reglamento sin hacer interpretaciones precipitadas, porque para eso existen reglas jurídicas»
También cuestionó el carácter retroactivo de la norma, que obliga a las empresas ya operativas a someterse a un proceso de adaptación, mientras que las nuevas deben seguir un procedimiento distinto de constitución. Esto podría dar lugar a interpretaciones contradictorias y a una sobrerregulación indirecta de empresas extranjeras.
