El estado de Arizona, en Estados Unidos, ha aprobado dos proyectos de ley que permiten invertir fondos públicos en una reserva de Bitcoin y otros criptoactivos. La nueva legislación, que ahora espera la firma de la gobernadora Katie Hobbs, autoriza al tesoro estatal a destinar hasta un 10% de sus activos a criptomonedas.
Además, se establece la creación del Digital Assets Strategic Reserve Fund, un fondo estratégico destinado a gestionar tanto criptoactivos incautados como futuras asignaciones públicas enfocadas en innovación. Los proyectos de ley SB 1025 y SB 1373 fueron aprobados con holgura en la Cámara de Representantes, posicionando a Arizona como potencial pionero entre los estados de EE. UU. en incorporar oficialmente Bitcoin a sus reservas estatales.
Si Hobbs firma la legislación, el tesoro estatal podrá invertir parte de los más de 31.000 millones de dólares que gestiona actualmente (equivalente a unos 29.000 millones de euros, según el tipo de cambio vigente). Esto implicaría una asignación máxima de 3.140 millones de dólares (aproximadamente 2.930 millones de euros) en activos digitales como Bitcoin y NFTs, siguiendo criterios estrictos de liquidez y seguridad.
El marco legal exige además auditorías on-chain para garantizar una transparencia total y mitigar riesgos relacionados con la volatilidad y la custodia. La iniciativa llega en un momento de fuerte recuperación del Bitcoin, que ronda los 95.000 dólares (cerca de 88.700 euros), tras una subida del 25% en las últimas semanas.
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Arizona se posiciona entre las grandes entidades tenedoras de BTC
En caso de invertir el total permitido, Arizona podría adquirir cerca de 31.000 BTC, superando a grandes corporaciones como Tesla y Marathon Digital en volumen de Bitcoin en cartera. Esto colocaría al estado a la vanguardia de una tendencia creciente en Estados Unidos, donde estados como Texas, Florida y New Hampshire ya han manifestado interés en estrategias similares.
La decisión final recae ahora en la gobernadora Katie Hobbs. Aunque recientemente logró resolver un conflicto presupuestario, aún no ha expresado públicamente su posición sobre los proyectos. De aprobarse, Arizona pondrá en marcha de inmediato los mecanismos para comprar y custodiar los activos digitales, consolidando una estrategia que apuesta por la diversificación financiera y la innovación pública.
En caso de veto, el proceso quedaría paralizado, y se reabriría el debate sobre el papel de las criptomonedas en la gestión de los recursos estatales. El mercado observa con atención, ya que esta medida podría convertirse en un modelo replicable por otros estados e incluso por gobiernos de América Latina y Europa.
