Paraguay es uno de los países latinoamericanos más atractivos para la minería de criptomonedas debido a su abundante energía eléctrica a bajo costo. Sin embargo, esta ventaja competitiva ahora amenaza con convertirse en un riesgo sistémico.
Un reciente informe del medio BeInCrypto para el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) determinó que el país podría enfrentar un déficit energético crítico entre 2029 y 2030. Las represas de Itaipú y Yacyretá, que generan la mayoría de la electricidad paraguaya, estarían operando por encima de su capacidad óptima. Esto es consecuencia de la creciente demanda de los mineros cripto.
La advertencia fue reiterada por el jefe del centro de estudios de la UIP, Julio Fernández, quien señaló que “si no se actúa pronto, habrá un apagón energético”. Según sus cálculos, solo por el uso de peajes eléctricos, Paraguay podría generar ingresos anuales de hasta USD 400 millones si estructura adecuadamente su industria.
El plan de las entidades paraguayas
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ya había advertido a las autoridades paraguayas una posible crisis energética debido al aumento del consumo. Para enfrentar este desafío, anunció una inversión de USD 359 millones entre 2025 y 2028.
Este monto se utilizará para la modernización de la infraestructura, con el objetivo de reducir en 15% el robo de energía eléctrica, optimizar la eficiencia del sistema y detectar consumos anómalos, especialmente en zonas con concentración de granjas mineras.
La ANDE considera que la innovación tecnológica será clave para anticiparse a los picos de demanda y evitar fallos masivos en el suministro. No obstante, expertos insisten en que estas medidas deben complementarse con una diversificación de las fuentes de energía.
Por otro lado, el jefe de la UIP también propuso la instalación de una central termoeléctrica basada en gas natural, que permitiría cubrir la demanda nacional.
Paraguay y sus regulaciones favorables para el ecosistema cripto
Paraguay cuenta con una Ley de Criptomonedas desde el año 2019, que establece un marco legal para la minería y el comercio de criptoactivos. Esta legislación buscó atraer inversiones y formalizar una actividad que ya era frecuente en varias regiones del país.
La ley establece condiciones para la instalación de operaciones mineras, así como requisitos técnicos y fiscales. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la industria cripto ha superado las proyecciones iniciales y generado un debate sobre su impacto real en la infraestructura energética nacional.
Si bien el ecosistema cripto generó mayor empleo y el desarrollo tecnológico en zonas rurales, la falta de planificación a largo plazo pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema.
De no actuar rápidamente, dicho país podría verse obligado a tomar decisiones drásticas como restringir el suministro a ciertas actividades o incrementar las tarifas eléctricas. Esto no solo afectaría a la industria cripto, sino a toda la economía nacional.
