Francia intensifica los controles antilavado sobre varias exchanges

La Autoridad de Control Prudencial y Resolución (ACPR), quien oficia como regulador bancario en Francia, inició una serie de auditoría y control antilavado sobre varias exchanges, entre ellas Binance. Esta medida se ejecuta en el marco de un escrutinio sobre el sector de las criptomonedas en el país.

La ACPR estuvo realizando revisiones confidenciales desde finales del año pasado sobre entidades registradas como Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAN, por sus siglas en francés), con un enfoque particular en los controles de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Estas inspecciones, que incluyen auditorías in situ, buscan verificar el cumplimiento de las condiciones de registro y podrían determinar qué firmas obtendrán licencias MiCA para operar en toda la UE en los próximos meses. La información recopilada se comparte con la Autorité des Marchés Financiers (AMF), el otro organismo clave en la supervisión del sector.

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¿Por qué Binance está bajo la lupa en Francia?

Entre las empresas de servicios criptográficos afectadas por la auditoría de la ACPR se encuentran Binance y Coinhouse, una firma francesa especializada en servicios de activos digitales, se encuentran entre las empresas afectadas por las inspecciones.

Según el organismo, había solicitado a ambas empresas que fortalecieran sus controles de riesgo y cumplimiento el año pasado.

Respecto a esto, un portavoz de Binance aseguró: el compromiso con la ACPR es «un componente continuo de operar como una empresa registrada en AML» y que las revisiones son «una parte rutinaria de la supervisión regulatoria del ACPR». El portavoz también enfatizó que el regulador está realizando estas comprobaciones “en docenas de intercambios».

Hasta la fecha, solo un puñado de empresas recibieron el visto bueno para licencias MiCA por parte de la AMF, entre ellas Deblock, GOin, Bitstack y CACEIS (propiedad del grupo bancario francés Crédit Agricole).

Las firmas cuentan hasta finales de junio de 2026 para adaptarse al nuevo régimen, pero el incumplimiento de las recomendaciones de la ACPR podría derivar en sanciones o en la denegación de estas autorizaciones paneuropeas, lo que limitaría drásticamente sus operaciones en el bloque comunitario.