En un paso clave hacia la regulación del mercado de criptoactivos, Perú ha implementado oficialmente una nueva normativa dirigida a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Según lo informado por Adolfo Morán en una publicación reciente en LinkedIn, esta normativa establece un marco regulatorio claro y obligatorio para plataformas que operan con criptoactivos como Bitcoin, Ethereum y Solana.
La normativa introduce una serie de obligaciones para exchanges, casas de cambio y otras plataformas del ecosistema cripto, con el objetivo de reforzar la seguridad y transparencia en la comercialización, custodia y transferencia de estos activos. Entre los requisitos destacados se encuentra la designación de un Oficial de Cumplimiento, encargado de monitorear todas las actividades relacionadas con la prevención de delitos financieros.
Además de las exigencias de cumplimiento, la norma impone la obligación de implementar políticas internas específicas que garanticen el respeto de las regulaciones. Las empresas deberán identificar y gestionar riesgos asociados al lavado de activos, capacitar a su personal y realizar una identificación exhaustiva de clientes, proveedores y trabajadores.
Aunque este marco normativo es considerado un avance significativo, también genera inquietudes entre las empresas del sector. Cumplir con estos requisitos podría representar un desafío considerable para aquellas plataformas que no cuentan con los recursos financieros necesarios. No obstante, la normativa alinea a Perú con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, adaptándose a las tendencias globales de regulación de criptoactivos.
En comparación con otras normativas antilavado aplicables en el país, esta nueva regulación es más laxa que las exigencias para entidades supervisadas por la Superintendencia de Mercados de Valores y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), como bancos y cajas municipales. Sin embargo, es considerablemente más estricta que las normativas para FinTechs que operan en áreas como préstamos y cambio de divisas.
La implementación de esta norma en Perú refuerza la creciente tendencia global hacia la regulación del mercado cripto, mientras el país busca equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad y protección financiera.
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