La Justicia Federal argentina recibió al menos 112 denuncias penales contra el presidente Javier Milei tras su publicación en redes sociales sobre la criptomoneda LIBRA. El activo digital experimentó una fuerte valorización antes de desplomarse, lo que generó acusaciones de fraude y manipulación de precios. Mientras la oposición presiona por una investigación y un posible juicio político, el Gobierno intenta minimizar el impacto del escándalo.
Fuentes judiciales confirmaron que hasta el domingo (16) se presentaron 111 denuncias de manera digital en distintos juzgados y una denuncia presencial en una comisaría de Buenos Aires. Esta última fue radicada por Miguel Ángel Heredia y está en manos del fiscal Guillermo Marijuan, quien deberá determinar si existe una figura penal aplicable a los hechos. La causa quedó asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.
El debate se centra en la posible configuración de un delito por parte del mandatario al promocionar un activo digital que luego perdió casi todo su valor de mercado. A pesar de que Milei eliminó su publicación y argumentó que no tenía vínculo con el proyecto, la oposición considera que su acción pudo haber influenciado la decisión de inversores.
El abogado Jorge Grispo sostuvo que una publicación en redes sociales no constituye, por sí misma, un delito penal. Argumentó que la libertad de expresión protege el derecho del presidente a opinar sobre proyectos privados. En la misma línea, Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, afirmó que promocionar un activo financiero no es delito a menos que se demuestre un engaño intencional.
“Las discusiones intensas en las redes, la inmediatez de los juicios mediáticos y la polarización política a menudo difuminan la línea entre lo políticamente cuestionable y lo jurídicamente punible. Ninguna novedad traigo a colación si advierto que el derecho penal debe reservarse para conductas que por si misma lesionan un bien jurídico superior, no para las que meramente causan incomodidad o controversia. Y esto aplica tanto a un ciudadano de a pie como a la figura presidencial”, añadió.
Sin embargo, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales pueden ser utilizadas para cometer delitos, incluidas la difamación y la estafa. Según su análisis, el derecho penal argentino no excluye ningún medio de comunicación. Por lo tanto, una publicación en redes podría ser considerada ilícita si cumple con los elementos de una figura penal.
Entre las denuncias presentadas se encuentra la de Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires, quien acusa a Milei de estafa, manipulación de precios y delitos financieros.
El impacto político del caso también se hace sentir en el Congreso. Legisladores opositores anunciaron que impulsarán un pedido de juicio político contra Milei por su presunta responsabilidad en la promoción del token LIBRA. Desde el oficialismo, en cambio, descartan que la investigación prospere y califican las acusaciones como un intento de desgaste político.
A medida que avanza la causa, la Justicia deberá determinar si la acción del presidente constituyó un delito o si se trató de una opinión sin implicaciones legales. Mientras tanto, los inversores afectados continúan reclamando respuestas sobre las pérdidas sufridas tras el desplome de LIBRA.
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