A tres años de que El Salvador adoptara el Bitcoin como moneda de curso legal, el ambicioso proyecto del presidente Nayib Bukele continúa generando más dudas que respuestas.
A pesar de la inversión millonaria del gobierno, casi el 90% de la población no utiliza la criptomoneda en su vida diaria, y los salvadoreños aún no saben con exactitud cuánto ha costado esta iniciativa.
El gobierno de Bukele ha enfrentado críticas por la falta de transparencia en torno a los costos de la implementación del Bitcoin. Aunque se han destinado fondos millonarios al proyecto, la ciudadanía no tiene claridad sobre el monto total invertido ni los beneficios obtenidos. Según estimaciones de la organización Cristosal, el proyecto podría haberle costado al país unos $329 millones, incluyendo los $150 millones del Fideicomiso Bitcoin y los $30 millones destinados al bono de incentivo por descargar la aplicación Chivo en 2021.
A pesar de las repetidas declaraciones del presidente Bukele en sus redes sociales, gran parte de la información sobre el proyecto se mantiene bajo reserva. Instituciones estatales han negado o limitado el acceso a los datos financieros relacionados con la criptomoneda, lo que ha generado una creciente desconfianza entre la población.
Más allá de la falta de transparencia, el uso del Bitcoin en la vida cotidiana de los salvadoreños sigue siendo mínimo. Según encuestas recientes, cerca del 90% de la población no utiliza la criptomoneda y solo el 1% de las remesas se transfieren a través de billeteras digitales como Chivo Wallet. Estos datos reflejan un desinterés generalizado por parte de los ciudadanos, que parecen haber dejado de lado la promesa inicial de inclusión financiera que el gobierno promovía al adoptar el Bitcoin.
El politólogo Napoleón Campos ha sido contundente en su análisis, calificando al Bitcoin como una “moneda de casino” y advirtiendo sobre los riesgos de atar la economía de un país a un activo tan volátil. Para Campos, la falta de resultados concretos y el descontento popular sugieren que el proyecto ha fracasado.
La falta de transparencia no solo ha afectado al proyecto Bitcoin, sino que también ha alimentado sospechas de corrupción en otras áreas del gobierno de Bukele. Según un informe de la organización Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP), en 2022 el gobierno desvió $200 millones de un préstamo internacional para financiar la implementación de la criptomoneda.
Abogados y expertos en derechos humanos como José Marinero y Zaira Navas han señalado que la reserva de información pública por parte del gobierno crea un entorno propicio para la corrupción. Navas destacó que la opacidad en el manejo de los recursos impide a la ciudadanía monitorear el uso de los fondos públicos, lo que socava los principios democráticos y abre la puerta a abusos de poder.
Además, el gobierno ha clasificado como reservada la información sobre los movimientos de las criptomonedas, lo que ha generado aún más dudas sobre cómo se están manejando estos recursos. “No sabemos quién administra los fondos de Bitcoin, ni cómo se han utilizado exactamente”, denunció la abogada Gabriela Santos, quien ha seguido de cerca el tema.
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