La congresista estadounidense María Elvira Salazar ha presentado un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de intensificar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y su criptomoneda, el Petro (PTR).
La propuesta, conocida como la Ley de Promoción de Libertades, Oportunidades y Derechos en Venezuela (VALOR), busca reafirmar y ampliar las sanciones económicas y financieras que Estados Unidos mantiene sobre las principales instituciones del gobierno venezolano, incluyendo el Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
La Ley VALOR no solo pretende limitar las operaciones financieras del gobierno de Maduro, sino que también establece condiciones claras para la posible eliminación de estas sanciones en caso de un cambio hacia un gobierno democrático en Venezuela. Según el comunicado oficial de la congresista Salazar, el proyecto también contempla la exclusión de Venezuela de organismos internacionales clave, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras persista el régimen actual.
Además, la ley propone la creación de un Fondo de Emergencia de 5 millones de dólares, gestionado por la OEA, para apoyar misiones de observadores electorales y de derechos humanos en Venezuela. Este fondo es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar la democracia y los derechos humanos en el país sudamericano.
Una de las particularidades de la Ley VALOR es su enfoque en la criptomoneda venezolana, el Petro. Creada en 2017 y respaldada supuestamente por reservas de petróleo, el Petro ha estado envuelto en controversias desde su lanzamiento. En los últimos meses, la criptomoneda ha experimentado un descenso en su uso y valor, en parte debido a escándalos de corrupción y a una auditoría interna que cuestiona su viabilidad.
Según reportes recientes, la circulación del Petro ha sido prácticamente suspendida, y muchos usuarios han visto sus saldos convertidos en bolívares sin previo aviso. La Ley VALOR, de ser aprobada, podría poner fin de manera definitiva a cualquier esperanza de revitalizar este activo digital, ya que impondría nuevas barreras a su uso y desarrollo.
Este proyecto de ley representa un esfuerzo más en la política exterior de Estados Unidos para presionar al gobierno venezolano, utilizando como herramienta tanto las sanciones tradicionales como las nuevas regulaciones en el ámbito de las criptomonedas. De esta manera, la Ley VALOR subraya la complejidad de las relaciones internacionales y la intersección entre política económica y tecnología financiera en el escenario global actual.
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