En un movimiento para aliviar la carga regulatoria sobre el creciente sector de la economía digital, el gobierno argentino suspendió la Resolución General 5607 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta normativa, vigente desde noviembre, obligaba a mineros de criptomonedas, influencers y youtubers a inscribirse en el sistema tributario nacional y provincial, imponiéndoles nuevas obligaciones fiscales.
La Resolución 5607 establecía impuestos sobre actividades vinculadas con criptoactivos, incluyendo la minería de Bitcoin y criptomonedas, el arbitraje y las operaciones realizadas a través de plataformas de intercambio. Asimismo, incluía disposiciones para exchanges, clasificándolos como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y asignándoles códigos específicos para sus operaciones.
La normativa generó un amplio descontento en sectores tecnológicos y financieros, quienes argumentaban que imponía una carga excesiva y amenazaba con sofocar la innovación. Además, se temía que la medida incentivara la migración hacia plataformas no reguladas, afectando la competitividad del país en el mercado global de criptomonedas.
Con la Resolución 5612/2024, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno suspendió temporalmente estas obligaciones fiscales. Según fuentes oficiales, esta decisión busca dar tiempo a un análisis más exhaustivo de la normativa, con el objetivo de adaptarla mejor a las dinámicas de la economía digital.
La derogación ocurre pocos días después de cambios en la dirección de la ARCA, con la salida de Florencia Misrahi y el nombramiento de Juan Pazo como nuevo director. Este cambio de liderazgo marca una posible reestructuración en la estrategia regulatoria del organismo.
Mientras tanto, las actividades de minería de criptomonedas y las operaciones digitales podrán continuar sin el peso de los tributos establecidos por la resolución suspendida. Sin embargo, el sector permanece a la espera de nuevas normativas que definan el futuro de la regulación cripto en Argentina.
Con esta medida, el gobierno de Javier Milei refuerza su compromiso con la desregulación de la economía digital, mientras trabaja en políticas que equilibren el fomento de la innovación con la necesidad de control fiscal y seguridad jurídica.
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